Impunidad e inconstitucionalidad son los principales agresores de los periodistas

En la firma de seguimiento a las agresiones contra los periodistas, el titular de la comisión de protección a los comunicadores, Marco Blásquez, expuso el nivel de impunidad, poca seriedad institucional y el vacío legislativo de protección a los periodistas en México.

imagen, la prensa durante el evento

Por Luis Salazar

Fotografía José Macías

Contrario a lo que se cree, en México, la mayoría de las agresiones contra los periodistas no provienen de la violencia organizada, sino de los servidores públicos.

Las cifras son escandalosas para un país que se asume en democracia. Del 2009 al 2015, se tienen documentados mil 832 agresiones contra periodistas; 57 de ellas fueron asesinatos. Sólo en 2015 hubo 390 agresiones; ocho de ellas fatales.

El problema se agrava y hasta es paradójico, porque entre más se perfecciona el marco jurídico para intentar protegerlos, más se agudizan las agresiones. “Las buenas intenciones” de los poderes Legislativo y Ejecutivo no son el problema.

¿Qué hacer para librar esta crisis? El titular de la comisión especial de seguimiento a las agresiones contra los periodistas y medios de comunicación, Senador Marco Antonio Blásquez, sugiere exigirle a las autoridades cumplir su deber y respetar la Constitución; dar autonomía a la fiscalía especial y legislar el marco jurídico pero desde la postura de un comunicador que haya ejercido el oficio.

imagen, palabras del senador Marco Blasquez

Esto es lo que expuso Blásquez (Monterrey, 1963), primer senador de izquierda por un Estado de la frontera norte; en su caso, Baja California. El experimentado periodista acudió a la ciudad a firmar un convenio de colaboración para dar seguimiento a las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación entre el Senado de la República y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León (CEDHNL), tuvo como testigo a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), signado el 1 de junio en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Al día siguiente, gracias a la invitación del Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL, Antonio Blásquez impartió la conferencia “Agresiones contra periodista y medios de comunicación” en el Patio Ala Sur del mismo recinto cultural.

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El legislador de izquierda recordó algunos casos de agresiones a periodistas que cimbraron a la opinión pública nacional. Quizá el caso más reciente es el del fotoperiodista Rubén Espinoza, quien días antes de ser asesinado reveló que miembros de la guardia personal del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo amenazaron.

Veracruz es la entidad más cuestionada, pues un ex presidente municipal de esa entidad está bajo investigación por haber ordenado el asesinato de un periodista. También está el caso de la golpiza que le propinaron a una reportera en Silao, Guanajuato, presuntamente por órdenes del alcalde.

Blásquez, quien antes de ser senador, durante 20 años fue reportero representando a los diarios El Universal y Excélsior, recordó que existen dos esfuerzos para proteger a los periodistas.

El primer esfuerzo es despenalizar la difamación y la calumnia a toda clase de posicionamiento derivado del ejercicio de la libertad de expresión. El segundo es la creación de una fiscalía de protección a periodistas y activistas sociales, dependiente de la Secretaría de Gobernación, la cual, por su naturaleza administrativa y presupuestal, adolece de realmente servir para lo que se pensó, pues a menudo cambia de director y no es autónoma.

imagen, firma de convenio

Es por esta fiscalía que el periodista y ahora senador comentó –en conferencia– que presentó un paquete de iniciativas de ley para mejorar lo hecho.

La primera iniciativa es que la fiscalía especial de protección a los periodistas se eleve a un rango constitucional con régimen de autonomía técnica y presupuestal. Su idea es que el Senado sea quien nombre a su titular y tenga recursos propios, “como ya ocurre con la fiscalía para delitos electorales”, comparó.

La segunda iniciativa es un “análisis de vulnerabilidad” que calcule el nivel de amenaza en agravio de un periodista o medio de comunicación y que tome medidas de protección con el fin de superar a la fuente del ataque.

“Eran lastimosas las medidas de protección a los ataques reiterados al Siglo de Torreón. Todo se reducía a una patrulla afuera de las instalaciones que compartía la condición de blanco por parte de un agresor”, razonó.

Una tercera iniciativa es, en realidad, una petición por volver a otorgarle el derecho a no declarar a los periodistas dentro del grupo de testigos. Existen profesionales con situaciones homólogas quienes, por su naturaleza profesional, son relevados de hacerlo como los abogados, médicos, inclusive ministros de culto que atienden a los internos en las prisiones.

“Los altos funcionarios pretenden imponer la ley mordaza o domesticar la línea editorial de los medios de comunicación. No contamos con un ambiente propicio para la libertad de expresión, al contrario, se reproduce constantemente una cultura de daño al periodista”, acusó el senador originario de Monterrey.

 

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